• Averiguación de los antecedentes del caso, existencia de responsable y condiciones de aseguramiento del vehículo que participara del accidente.
• Análisis de las constancias de la causa penal labrada con motivo del hecho.
• Presentación extrajudicial de reclamo ante la compañía aseguradora identificada.
• Inicio del proceso de mediación previa obligatoria contra los responsables y, eventualmente del juicio por daños y perjuicios.
• Realización de tratativas con los letrados de la aseguradora a efectos de arribar a un acuerdo conciliatorio que convenga a los intereses de nuestro cliente, en cualquier instancia del proceso. En estas negociaciones se incluye el acompañamiento de los profesionales médicos a todas y cada una de las revisaciones que resulten necesarias para la determinación de las incapacidades existentes en la persona del accidentado.
• En todas las etapas de estos procedimientos se brinda asimismo al accidentado la atención y contención médica y sicológica que sea necesaria para mitigar los efectos de las lesiones sufridas, así como los eventuales traslados a los centros asistenciales a los que deban concurrir.

Los peatones pueden sufrir dos tipos distintos de accidentes en la vía pública

• En los casos en que un peatón resulta ser víctima de un accidente de tránsito al ser embestido por calquier tipo de vehículo automotor, en principio se presume la culpa del conductor del rodado en razón de introducir un elemento peligroso (el automóvil) en la vida cotidiana. Ello es así, aún en algunos supuestos de peatones imprudentes o distraídos, salvo casos excepcionales en los que la víctima haya obrado con total negligencia o desprecio por la vida propia, como podría ser el cruzar por la mitad de una cuadra, de noche, corriendo, o alcoholizado. Estas apreciaciones, se reitera, son aplicables a los casos en que el peatón ha sido embestido por cualquier tipo de vehículos automotores (automóviles, colectivos, motos, etc.).
• En aquellos eventos en que el peatón padeciera daños a consecuencia de sufrir una caída en la vía pública por el mal estado de las veredas, sea por falta de baldosas o de tapas de agua, gas o electricidad puede reclamar los daños sufridos a quien resulte el dueño o guardián de la vereda o tapa, sea el propietario de edificio al que corresponde la vereda, el gobierno o la empresa privada que provea determinado servicio. Asimismo si los daños se producen por el desprendimiento de mampostería de un edificio o por la caída de algún objeto desde el mismo, que golpean a un transeúnte, éste puede reclamar tales daños al propietario del inmueble o consorcio de propietarios, si fuera el caso. El plazo de que dispone el peatón para iniciar su reclamo es de dos años a partir de la fecha de ocurrencia del hecho, siendo este el lapso de prescripción genérico aplicable a casi todos los supuestos, a excepción de los que ocurren durante el transporte de personas, que es de un año.

Cuando quien resulta embestido por un automotor es un ciclista, en numerosos fallos judiciales se tiende a equiparar al mismo con un peatón, en virtud de la evidente distinta naturaleza de ambos rodados.

En los casos en que se produce una colisión entre un automotor y una moto, la responsabilidad se dilucida de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, verificando cual de los conductores ha infringido las normas de tránsito.

A pesar de la diferencia de masa existente entre una moto y un automotor, el régimen de responsabilidad de ambos es el mismo, en atención a la agilidad y velocidad de desplazamiento que tienen las motos en el tránsito cotidiano.

Cuando se produjera un choque entre dos automóviles, se resolverá lo atinente a la responsabilidad de cada uno mediante el análisis de las circunstancias del caso.

En general, se aplican determinadas presunciones de culpa que pueden ser destruidas mediante prueba en contrario, tales como la de presumir la culpa del conductor del vehículo embistente o la del rodado que no contaba con prioridad de paso, entre otras.

El transportista asume la obligación de llevar al transportado a destino sano y salvo. En caso contrario, debe indemnizar al accidentado, a excepción de aquellos supuestos en los que se verifique la existencia de culpa de la víctima o se acredite la responsabilidad de un tercero.

Este principio general es aplicable tanto en los casos de transporte oneroso (pasajeros transportados en colectivos, taxis, remises, etc.), cuanto para los transportados a título gratuito en vehículos particulares (llamado transporte benévolo).

Hay que tener en cuenta una de las diferencias más importantes entre ambos está dada por el plazo de que dispone la víctima para reclamar sus daños, que es de un año en aquellos casos de transporte oneroso y de dos años en el transporte benévolo.